Por: Karina Méndez
María Manuel García Cazares, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), indicó que no pueden hacerse públicos los datos del padrón de deudores alimentarios debido a que se trata de información confidencial.
Esto luego de que en noviembre de 2022, el Congreso del Estado aprobó aplicar en San Luis Potosí la llamada "Ley Sabina", tras la insistencia de colectivas y activistas feministas, por lo que en febrero de 2023 entró en vigor el padrón de deudores.
Sin embargo, colectivas feministas y asociaciones han señalado que esta reforma ha sido una burla, pues si el listado no puede hacerse público el padrón, no tiene caso que se haya creado.
Al respecto, la magistrada explicó que solo las personas interesadas en el juicio pueden solicitar los datos para que se le dé una constancia de deudores alimentarios, la cual deberá ser autorizada por un juez.
Añadió que una persona ingresa al padrón de deudores en el Poder Judicial luego de 60 días sin cumplir con su obligación de dar pensión alimentaria. Una vez que cumple con los alimentos, sus datos se darán de baja.
Asimismo, dio a conocer que el Poder Legislativo les hizo llegar una iniciativa para opinión, en la que se amplía la reforma al Código de Familia para determinar quién será la persona autorizada de expedir las constancias.
"En este caso, el Congreso [del Estado] está señalando que sea el Consejo de la Judicatura quién expida la constancia y estamos trabajando en la opinión", finalizó.
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