El área o unidad género deberá contar con una estructura definida para orientar y atender a las mujeres, niñas y/o adolescentes
En septiembre de 2023, las activistas Claudia Cuéllar y Mariana Juárez presentaron una iniciativa de ley que pretende modificar el artículo 22 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí, producto de más de 5 años de trabajo directo en espacios escolares, señalando que carecen de protocolos, lineamientos y una normativa para la atención de los casos de violencia. La iniciativa es una respuesta de la sociedad civil que sigue siendo ignorada hasta el día de hoy.
Propusieron que cada zona escolar o escuela pública cuente con un área o unidad de género con una estructura definida para orientar y atender a las mujeres, niñas y/o adolescentes que enfrenten algún tipo de violencia, medida que ya se aplica en otras espacios públicos y privados. Aunado a lo anterior, la Alerta de Violencia de Género que existe en San Luis Potosí es clara en señalar que desde el ámbito educativo se requieren reforzar acciones en favor de los derechos de niñas y adolescentes.
Las políticas públicas que previenen estás situaciones de violencia en espacios escolares son una deuda del estado y sobre esto se requiere poner mayor atención.
Aunque en 2023 se hicieron algunas modificaciones a la Ley de Educación Estatal, aún no se cuenta con una estructura que pueda operarlas, por ello la propuesta de impulsar la Unidad de Género. Las activistas refieren que desde la Legislatura pasada contactaron a las diputadas y diputados para presentar la iniciativa y dialogar el tema, pero hasta el momento ni la actual Legislatura les ha recibido.
Diversas Comisiones han ignorado esta urgencia y las solicitudes por escrito que se han presentado a las comisiones de: Igualdad de Género, Derechos Humanos, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y la de Niños, Niñas, Adolescentes, Juventud y Deporte.
Las estadísticas oficiales sobre la violencia en nuestro país parecen ser silenciosamente alarmantes; las niñas, niños y adolescentes de México no están excluidos de esta realidad, como lo evidencian las mismas fuentes.
El Primer Informe de la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA) reportó que entre 2015 y 2020 los casos de lesiones por violencia sexual contra niñas y niños menores de 5 años aumentaron un 76.1%, siendo los agresores parientes o conocidos cercanos en un 78.5% de los reportes. El 92.4% de casos de violencia sexual en personas menores de 18 años fue en contra de mujeres.
Previamente, la Secretaría de Salud registró en 2020 más de 18 mil casos de lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes; de estos, un 36.0% se reportó como violencia psicológica, un 29.6% fue física y 28.6% de tipo sexual, cifras que no difieren significativamente del informe del COMPREVNNA.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a garantizar los derechos humanos, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier tipo de violación.
Erradicarla la violencia en contra la niñez y adolescencia (sin cuantificar los efectos en su salud física, emocional o su desarrollo pleno), es una tarea que debe ser abordada de forma interinstitucional y la sociedad civil organizada ha prestado su voz y recursos para colaborar ofreciendo soluciones, pero también son ignoradas.
