Por: Redacción
Fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Especial para la Reforma Político-Electoral, una iniciativa para que las personas que pretendan ser candidatas en puestos de elección popular manifiesten, por escrito y bajo protesta de decir verdad, no ser deudoras alimentarias por motivo de sentencia ejecutoriada.
La iniciativa propone adicionar el inciso j, a la fracción V, del artículo 304 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.
Lo anterior se parte de la tesis que las y los representantes populares deben respetar los derechos humanos desde antes de ser candidatos.
Se explica que si una persona incumple con su obligación de proporcionar alimentos, atenta contra disposiciones constitucionales, legales, así como los valores morales y de buenas costumbres, en perjuicio de su acreedor alimentario.
Lo anterior se traduce, por criterios del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no tienen un modo honesto de vivir, pues dichos actos son contrarios a derechos humanos en materia del interés superior de los menores.
En la justificación de motivos también se señala que si una persona incumple con su obligación de proporcionar alimentos, es garantía de que no podrá cumplir con pulcritud actos en beneficio de las y los potosinos.
“Si falla en lo particular, fallará en lo general. Si falla a su núcleo familiar, fallará al núcleo social y gubernamental. Si no puede con lo menos, no podrá con lo más”.
Finalmente, se mencionó que este tema tiene que ser sensible para San Luis Potosí, pues otras entidades federativas lo han dado a notar e incluso el propio Instituto Nacional Electoral (INE) emitió lineamientos para que los partidos políticos “prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”.
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