Por: Redacción
Los y la activista consideraron que el incremento en la tarifa del transporte público es ilegal y contrario a las disposiciones del artículo 94 que regula estos ajustes.
Por lo que llamaron a la ciudadanía a solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como a interponer juicios de amparo a fin de que se respete la tarifa anterior.
Ya que explicaron, de acuerdo con la legislación vigente, el incremento en las tarifas debe basarse en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
El cuál indicaría un incremento de 48 centavos resultando una tarifa de 11 pesos con 98 centavos; redondeada a 12 pesos
Sin embargo, el incremento arbitrario y sin sustento legal fue de un peso resultando en una tarifa final de 12 pesos con 50 centavos. Este aumento representa un 106.5 por ciento más de lo establecido legalmente. Este ajuste indebido afecta directamente al pueblo potosino y contraviene el principio de legalidad y el derecho a la movilidad.
Además, aseguraron que de acuerdo con los últimos datos oficiales, en San Luis Potosí capital, hay 261 unidades con una antigüedad mayor a 10 años y otras 382 unidades sin información sobre su antigüedad, lo cual sugiere que un número importante de ellas también puede tener más de 10 años.
Cabe recordar que para autorizar incrementos, las unidades deben cumplir con los estándares de calidad, como no tener más de 10 años de antigüedad, contar con cámaras funcionales y botones de pánico.
Por lo que indicaron que el acuerdo publicado el 15 de enero, mediante el cuál se establece el incremento a la tarifa, no menciona, evidencia ni relaciona unidades que cumplan con estos requisitos para ser merecedoras de un incremento de tarifa.
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